Luz pública a mitad de precio: lo que el modelo municipal revela sobre los márgenes del sector eléctrico
En West Boylston, Massachusetts, una familia típica paga alrededor de 80 dólares al mes por electricidad. A pocos kilómetros de distancia, en una casa de características similares servida por Eversource Energy o National Grid, la misma factura ronda entre 150 y 200 dólares. La infraestructura es comparable. La electricidad es, físicamente, la misma. La diferencia está en quién se queda con el margen.
Este contraste, documentado por The Boston Globe en abril de 2026, no es una anomalía regional ni el resultado de alguna ventaja geográfica. Es la consecuencia directa y medible de dos arquitecturas de negocio radicalmente distintas aplicadas al mismo producto: una que reinvierte los excedentes en tarifas más bajas, y otra que los distribuye como dividendos a sus accionistas.
La fricción que genera este contraste ya tiene nombre coloquial entre los residentes: sentirse estafado. Pero más allá del agravio del consumidor, lo que esta historia expone es un patrón estructural con implicaciones que van mucho más allá de Massachusetts.
El margen que financia a quién
Las eléctricas privadas de Estados Unidos reportaron 186.000 millones de dólares en ganancias combinadas entre 2021 y 2024. En promedio, retuvieron 13 centavos de cada dólar facturado, porcentaje que trepó a 15 centavos en 2025. Para una factura mensual de 200 dólares, eso equivale a 30 dólares mensuales transferidos directamente a utilidades corporativas, no a infraestructura ni a eficiencia del servicio.
Las utilidades municipales de Massachusetts operan bajo una lógica contable diferente: son entidades sin fines de lucro que reinvierten sus excedentes en mantener tarifas bajas y actualizar infraestructura sin necesidad de endeudamiento externo. El resultado es una brecha de entre 20% y 50% en las tarifas promedio frente a las operadoras privadas, según datos históricos del estado. West Boylston no es una excepción afortunada; es uno de los 40 municipios que llevan aplicando este modelo desde finales del siglo XIX, cuando ciudades como Hull establecieron sus plantas públicas precisamente para escapar de los precios que imponían los operadores privados de la época.
Lo que ha cambiado en 2025 y 2026 no es el modelo, sino el contexto que lo rodea. Con facturas eléctricas aumentando entre 20% y 30% a nivel nacional en los últimos cinco años, y con la deuda acumulada de hogares en mora superando los 25.000 millones de dólares a finales de 2025, el contraste entre ambos modelos ya no pasa desapercibido. Uno de cada cinco hogares estadounidenses destina más del 10% de sus ingresos a servicios públicos. En algunos vecindarios del norte de St. Louis esa cifra llega al 54%.
Una cadena de valor con un solo beneficiario claro
Para auditar correctamente este modelo, hay que rastrear a dónde va el dinero en cada eslabón. En el caso de las eléctricas privadas con mayor rentabilidad, los números son contundentes: MidAmerican Energy retuvo un margen promedio de 27,22% entre 2021 y 2024. Florida Power & Light operó al 23,51%. Duke Energy Carolinas al 19,07%. Estas cifras no son el resultado de una mayor eficiencia operativa ni de una inversión superior en resiliencia de red; son el producto de un modelo regulado donde las tarifas son aprobadas por agencias estatales que permiten márgenes de retorno sobre el capital invertido, independientemente de la experiencia del cliente.
En esa arquitectura, el cliente residencial no es un actor cuyo bienestar determina la viabilidad del modelo. Es el origen del flujo de caja que hace posible el retorno al accionista. El regulador actúa como árbitro, pero históricamente ha aprobado incrementos tarifarios que consolidan esa lógica. El resultado es un ciclo donde las inversiones en infraestructura se financian con deuda que luego se traslada a la tarifa, aumentando la base de activos regulados y, con ella, el nivel de ganancia permitida. Es un mecanismo legalmente sólido y estratégicamente autorreferente.
El modelo municipal corta ese ciclo desde la raíz. Sin accionistas que remunerar, sin deuda de mercado que servir y con acceso a bonos exentos de impuestos, los municipios pueden financiar mejoras de red a un costo estructuralmente inferior. West Boylston no paga dividendos. Tampoco subsidia la diferencia con ineficiencia: el modelo municipal en Massachusetts ha demostrado históricamente tiempos de respuesta ante cortes superiores a los de las grandes operadoras privadas.
Lo que la envidia del vecino revela sobre la retención de clientes
Hay un fenómeno estratégico interesante en la forma en que esta historia llegó al espacio público. No fue un regulador quien cuestionó el modelo tarifario de Eversource o National Grid. Fue la simple comparación entre vecinos. Un residente que paga 80 dólares al mes frente a otro que paga 160 por el mismo servicio no necesita un informe del Energy and Policy Institute para llegar a sus conclusiones.
Esta dinámica tiene una lectura de negocios precisa: cuando el diferencial de precio entre dos proveedores de un producto idéntico supera cierto umbral de percepción, la presión sobre el modelo más caro se vuelve política antes de volverse contractual. En mercados con proveedores cautivos, como el eléctrico residencial, esa presión no se expresa mediante la migración del cliente a un competidor. Se expresa en votos, en peticiones de municipalización y en audiencias regulatorias. Massachusetts tiene un proceso de municipalización que puede tardar entre 12 y 18 meses desde la petición formal. La envidia del vecino, correctamente organizada, es el disparador de ese proceso.
Los experimentos de retroalimentación entre pares realizados por Sacramento Municipal Utility District y Puget Sound Energy son otro dato relevante en este análisis. Según un estudio del NBER de Ian Ayres, Sophie Raseman y Alice Shih, mostrar a los hogares cómo su consumo se compara con el de sus vecinos redujo el uso eléctrico entre 1,2% y 2,1% en promedio, con cortes de hasta 6% en los hogares de mayor consumo. La comparación social, bien ejecutada, es una palanca de eficiencia que no requiere inversión en infraestructura. Los municipios que la han adoptado combinan tarifas más bajas con herramientas conductuales para reducir la carga sobre la red. Las eléctricas privadas, cuyo ingreso depende del volumen facturado, tienen incentivos estructuralmente opuestos a promover esa reducción.
El modelo extractivo tiene fecha de vencimiento regulatoria
Lo que está en juego para las grandes eléctricas privadas no es solo la imagen pública. Es la viabilidad de un modelo que depende de que el regulador continúe aprobando márgenes de 15% o más en un contexto donde la deuda de los hogares por servicios públicos crece año tras año y donde el contraste con alternativas más baratas se hace cada vez más visible y documentado.
El Energy and Policy Institute, que analizó 110 eléctricas privadas, concluyó que "una parte sustancial de lo que los clientes pagan por electricidad fluye consistentemente hacia los inversores como ganancia". Esa frase no es una denuncia moral; es una descripción de la mecánica de distribución de valor en el sector. Y esa mecánica tiene una vulnerabilidad estructural: funciona mientras el cliente no tenga alternativa y mientras el regulador no enfrente presión suficiente para replantear los niveles de retorno permitidos.
Ambas condiciones están comenzando a erosionarse simultáneamente. Los municipios que sirven al 15% de los usuarios de Massachusetts a tarifas 20-50% inferiores son la demostración empírica, en el mismo territorio geográfico, de que la diferencia de precio no está justificada por costos de operación sino por la arquitectura de distribución de excedentes. Cuando esa demostración es visible desde la ventana del vecino, el argumento regulatorio que sostiene los márgenes privados pierde su principal activo: la opacidad comparativa.
Las eléctricas privadas que logren sobrevivir al próximo ciclo regulatorio serán las que entiendan que retener 15 centavos de cada dólar en un mercado donde el cliente cautivo empieza a organizarse políticamente no es una ventaja financiera sostenible; es la factura que se acumula antes de una corrección regulatoria de fondo. El modelo municipal no es una curiosidad histórica de Nueva Inglaterra: es la prueba de que distribuir valor entre todos los actores del sistema, incluyendo al usuario final, es la única forma de construir una posición que no dependa de que nadie haga la comparación.
